La activista en derechos humanos, Norma Andrade, fundadora del colectivo “Nuestras hijas de regreso a casa” y ganadora del premio Edelstam en 2022, por su incansable lucha en favor de las mujeres, nos habló sobre la problemática del feminicidio en México, pero también del censo de personas desaparecidas que está realizando el gobierno federal. Cabe agregar que la activista lleva más de 23 años buscando justicia en contra de los asesinos de su hija. Desde ese día ha tenido que hablar con cuatro presidentes de la república, cinco gobernadores, doce fiscales y un sinfín de ministerios públicos para que hasta el día de hoy los asesinos de su hija sigan libres.
- Según Naciones Unidas, en México, cada día, se cometen de 9 a 10 feminicidios. ¿Qué acciones debería de emprender el Estado mexicano para eliminar esta problemática?
En un inicio yo pensaba que necesitábamos la sensibilidad del gobierno, que se le diera un valor a la vida humana de la mujer. Después de hablar con algunos presidentes de la república logramos que se dictara una ley en la que se hablara de una vida libre de violencia en contra de la mujer. Se crearon instituciones y leyes que necesitábamos, entre comillas para resolver la situación. Yo te estoy hablando que cuando se empezaron con esas instituciones eran tres mujeres asesinadas al día y ahora estamos en once. Y eso que tenemos infraestructura, fiscalías especializadas y ya tenemos leyes. Se supone que ese es el aparato para resolver las cosas. ¿Sabes qué es lo que no hemos logrado como familias? Que esta situación entre en la agenda política.
- Si bien hemos podido observar avances en materia de género, considerando la creación de nuevas instituciones y leyes que tienen como objetivo defender a las mujeres, ¿Por qué los indicadores demuestran que este fenómeno en vez de disminuir aumenta?
No es un problema de capacitación, porque capacitación se les ha estado dando desde hace más de diez años. Inclusive hay instituciones que manejan el violentometro. En la fiscalía se supone que las personas que están ahí son personas sensibilizadas y donde los jueces están obligados a tomar capacitaciones en materia de género. La realidad, es que los Ministerios Públicos no tienen personal sensibilizado para atender a una familia que viene a presentar una denuncia porque le mataron a su hija. En un inicio pensé que nos hacían falta políticas públicas para resolver esta situación. Ahora lo que he podido observar a lo largo de estos 23 años, es que el gobierno no tiene ningún interés en resolverla. Lo que nosotros queríamos en un inicio es que los jueces fuesen capacitados en perspectiva de género. El problema es que se capacitó al personal, se crearon las leyes, pero al momento de leer los dictámenes de los jueces vemos que no emplean los elementos que les dicta la perspectiva de género. Existen diversos casos, uno de ellos, fue la sentencia a una mujer indígena que fue empleada en las redes de trata. Ella al defenderse asesinó a su agresor y fue detenida por homicidio. La pregunta aquí es: ¿Dónde quedó la interseccionalidad que el juez debió haber empleado? Considerando que era una mujer indígena, que no hablaba siquiera el español y que había sido secuestrada para volverla sexo servidora. El juez, que se supone había tomado todas las capacitaciones acabó por condenar a la mujer. Lo que nosotros nos preguntamos es: ¿Entonces para qué nos sirvió impulsar una ley para que los jueces tomaran cursos de capacitación en perspectiva de género para que al final no las apliquen?
- ¿Qué opinión tienes del censo que está organizando el gobierno?
Es una de las formas más nefastas que tiene esta administración para justificar su negligencia y sumisión en el tema de las desapariciones. Hemos podido constatar que, en ese registro elaborado por el Estado, muchas personas fueron borradas del padrón. En las primeras listas el gobierno se aferraba de que ya estaban localizados. Así que tuvimos que hacer varias quejas y protestas para que al final se lograra reinsertar el nombre de esas personas que habían eliminado del padrón. Hicimos una investigación que titulamos la doble desaparición de Esmeralda, primero desaparecida en 2009 y luego el gobierno la desaparece en 2023. ¿Cómo vamos a hablar bien de un trabajo que de antemano está mal? Somos alrededor de mil madres que se asumen como buscadoras o rastreadoras de distintos colectivos y todas tenemos contacto, desde Tijuana hasta Yucatán. Cuando aparecieron las cifras del padrón elaboradas por el gobierno, todas fuimos a buscar a nuestros hijos e hijas y muchas vieron que no se encontraban registradas en las listas de desaparecidos.
Había una Comisión Nacional de Búsqueda que nos costó mucho trabajo que la crearan y ahora la están desmantelando. Carla Quintana, quien fue su anterior directora, fue depuesta ya que se oponía a la construcción de ese padrón. Ella se refirió siempre a ese censo, como una rasura del padrón. La persona que sustituyó a Carla Quintana fue la directora del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, es decir, pusieron a alguien que no cumplía con el perfil para dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda.
¿Qué pasó con el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDS)?
El BNDS se hace a raíz del precedente del campo algodonero en Ciudad Juárez y es uno de los resolutivos que marca la corte. Carla Quintana denunció la desaparición de 50 mil cuerpos del BNDS. Según ella se los habían llevado para hacer los estudios de ADN, pero como fue en el periodo de la rasura ya no se pudo saber. El Banco existe, que ya no lo vayan a tener en funcionamiento es diferente. Todos los movimientos que están haciendo en el BNDS es desmantelar esa institución. Ya todos los peritos que trabajaban ahí fueron despedidos. Yo diría que entre diciembre y enero comenzaron a liquidar al personal.
El objetivo de todos los gobiernos, no sólo éste, sino también los anteriores, es poder presumir una disminución de cifras. Aunque la realidad sea totalmente distinta. El actual gobierno se lava las manos señalando que 90 mil desaparecidos son poquitos, aunque es sabido que la cifra real se estima entre los 130 mil a 150 mil desaparecidos.
- ¿Qué consecuencias cree que tenga que la Corte Interamericana de Derechos Humanos atraiga el caso de su hija?
Es un logro de mi lucha, de muchos años presionando. Claro que te da gusto y luego uno se pregunta si realmente cambiará algo. Mi nieta señaló que este es un triunfo vacío. Pensando en sus palabras, ¿qué significa eso para mí? Socialmente estamos exigiendo que el gobierno se vea obligado a proteger a los huérfanos del feminicidio. ¿A qué me refiero? Que cuando maten a una mujer y quedan hijos, el gobierno debería hacerse responsable. Nosotros queremos una ley y no un protocolo que lo aplican cuando quieren. Porque mi hija dejó hijos y yo como abuela de ella he tenido que enfrentar esta problemática desde hace 23 años. No es sólo educación, es también la manutención y los problemas psicológicos que desarrollan durante toda su vida. Hay que recordar que mis nietos crecieron conmigo en marchas, en plantones, en huelgas de hambre y en mesas de diálogo con las autoridades. Así crecieron mis nietos y no únicamente son los míos. Así están todos los padres de familia que han tenido una hija asesinada. Quienes se han hecho cargo de eso, la mayoría han sido las abuelas. En mi caso afortunadamente tuve las condiciones para cuidar a mis dos sobrinos. Tal vez no las ideales ya que caí en depresión. Afortunadamente tuve las condiciones económicas para poder sacarlos adelante pero no todas las abuelas están en esas mismas condiciones. Muchas de ellas ya fallecieron y quien se tuvo que hacer cargo de esos niños, muchas veces fue la hermana mayor. Te estoy hablando de un caso concreto, María Luisa tuvo que hacerse responsable de sus hermanos menores, ya que su madre había sido asesinada. Este tema no se abordó en la resolución del caso del campo algodonero, considerando que las mujeres que fueron asesinadas no tenían hijos. Además de esto, el Estado debe de garantizar un protocolo de protección que tipifique el feminicidio sistemático. ¿Qué es esto? Es el feminicidio tolerado por el Estado mexicano. En el caso de mi hija, sabemos por el ADN, que uno de sus tres agresores es un asesino serial, que ha participado en al menos cinco casos y que es familiar de un funcionario de la procuraduría. Sabemos también que es un grupo de hombres que se dedican a matar jovencitas y que el gobierno sabiéndolo lo permite. ¿Por qué digo que lo permite? Porque si el Estado ya tiene identificado al agresor, ¿por qué no lo han detenido? Si está identificado desde 2010. ¿Qué es lo que queremos? Que se establezca en el código penal el feminicidio sistemático. Porque es el sistema el que lo permite, que lo tolera y que lo perpetua.